GRAINGER COUNTY, Tenn. — En abril de 2018, alrededor de 100 personas fueron detenidas durante una redada de agentes de inmigración en una planta empacadora de carne del condado de Grainger. Desde entonces, muchas personas abandonaron los Estados Unidos y varias fueron deportadas.
Sucedió en la planta Southeastern Provisions, ubicada entre Bean Station y Rutledge. La pérdida de tantos trabajadores repercutió en todo el condado de Grainger, ya que los trabajadores agrícolas dijeron en 2019 que perdieron una forma crucial de vender vacas de desecho.
English Version: Federal judge rules to unseal videos of 2018 immigration raid at Bean Station meatpacking plant
Ese mismo año, dos hermanos que trabajaban para el propietario de la planta se declararon culpables de contratar a trabajadores indocumentados. En 2020, también se llegó a un acuerdo en una demanda contra la planta por salarios no pagados.
El viernes, un juez federal dictaminó que los videos de la redada debían ser desvelados para que los viera el público. Los demandantes afirmaron que durante la redada, los agentes de la ley violaron los derechos protegidos por el gobierno federal al hacer un uso excesivo de la fuerza.
WBIR obtuvo los videos de la redada el viernes.
Los demandantes también organizaron una demanda colectiva contra agentes individuales de las fuerzas del orden y contra los Estados Unidos en nombre de todos los trabajadores latinos detenidos durante la redada.
Los demandantes nombraron específicamente a un agente: John Witsell. La Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Seguridad Nacional investigó su detención de un trabajador latino, captada en vídeo por una cámara de seguridad. Los demandados pidieron previamente que se sellara el vídeo y que se eliminara de un informe un párrafo que describía los hechos en él.
Los acusados alegaron que podría "incitar a los disturbios civiles, manchar el conjunto del jurado e invitar a la condena de los agentes". También indicaron que, dado que se presentó una descripción escrita del vídeo en el caso, "el derecho del público a saber lo que hay en el vídeo de la detención ya ha sido satisfecho."
El juez mencionó que su razonamiento para sellar el vídeo era especulativo y concluyente. Agregó que no aportaron suficientes pruebas para respaldar sus preocupaciones.
"Ha habido interés público en este caso concreto: varios medios de comunicación/periodistas han publicado historias sobre la redada, y parece que ha habido una manifestación pacífica", expresó el juez en la sentencia. "Pero unas pocas noticias y una manifestación pacífica no constituyen disturbios civiles".
Se ha ordenado a los demandantes que presenten escritos, pruebas y documentos relativos a la redada en el registro público en el plazo de una semana. Tendrán que redactar información personal en los documentos.
La redada de ICE atrajo la atención nacional. Un documental sobre la redada fue producido por Netflix, destacando el impacto emocional después de que las familias fueran traumatizadas y el trabajo que las organizaciones religiosas hicieron para mantener la comunidad unida.
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